CLUB HÍPICO DE PUNTA ARENAS RESPONDE A GOBIERNO Y AFIRMA QUE YA PERDIÓ DOMINIO DEL PREDIO EXPROPIADO

Como CLUB DE HÍPICO DE PUNTA ARENAS S.A., afectados directamente por el proceso expropiatorio que el Serviu de Magallanes ejecuta respecto de nuestro ex predio en la ciudad de Punta Arenas, estimamos pertinente precisar a la opinión pública los siguientes puntos:

Efectivamente existe un documento emitido y firmado por el Ministro de Vivienda, señor Iván Poduje, instruyendo al Serviu Magallanes que solicite la retención de la indemnización provisional consignada ante el Segundo Juzgado Civil de Punta Arenas Dicho documento señala expresamente:

"A la fecha, el proceso expropiatorio se encuentra en trámite, sin que se haya girado el cheque correspondiente a la indemnización, por lo que el dominio del bien expropiado no ha radicado en el Fisco en los términos del artículo 20 del Decreto Ley N°2.186 de 1978".

Lamentamos que el El Sr. Ministro cometa un error de interpretación, de manera de acelerar indebidamente un proceso, toda vez que utiliza una norma totalmente equivocada, dándole un sentido que no corresponde:

conforme al mismo artículo 20 de la Ley de Expropiaciones, consignada la indemnización provisional, "el dominio del bien expropiado quedará radicado, de pleno derecho, a título originario en el patrimonio del expropiante", por lo que el hito que marca el traspaso al Expropiante no es el retiro de la indemnización por parte del Expropiado, sino, la consignación judicial o depósito de la indemnización, por parte del Expropiante, en este caso Serviu Magallanes, lo que en este caso ocurrió el día 30 de diciembre de 2025 en la causa V-88-2025 del Segundo Juzgado Civil de Punta Arenas, por tanto, desde esa fecha CLUB HIPICO DE PUNTA ARENAS S.A. perdió el dominio del inmueble. En este sentido desde aquel entonces, SERVIU MAGALLANES ha realizado actuaciones de dueño, como ha sido autorizar a los dueños de los caballos mantener sus animales en el recinto hasta el día de hoy, como es de público conocimiento.

Velaremos por el que cualquier acto administrativo que nos afecte, sea conforme a las normas que así lo rigen, sin arbitrariedades ni ilegalidades, como asimismo por el resarcimiento de todos los daños que se ha provocado en nuestro patrimonio a consecuencia de este proceso.