DIPUTADO ALEJANDRO RIQUELME EXIGE PLAN REGIONAL URGENTE PARA ENFRENTAR CRISIS DE LA NIÑEZ EN MAGALLANES

Luego de la reunión sostenida con el subsecretario de la Niñez, Marcelo Sánchez Ahumada, y tras una serie de encuentros previos con representantes del Ministerio de Justicia, la Seremi de Desarrollo Social y Familia, el sector Salud, el programa Mi Abogado y otras instituciones vinculadas a la protección de la infancia, el diputado por Magallanes Alejandro Riquelme (REP) exigió avanzar hacia un plan regional coordinado y con medidas concretas frente a la grave crisis que afecta a niños, niñas y adolescentes de la región.

El parlamentario señaló que estas reuniones permitieron visibilizar ante las autoridades nacionales una realidad que ya no admite respuestas aisladas ni diagnósticos sin ejecución.

"Durante meses hemos planteado que en Magallanes enfrentamos una situación especialmente grave: consumo problemático de alcohol y drogas, explotación sexual infantil, problemas severos de salud mental y adolescentes que, aun encontrándose bajo la protección del Estado, no están recibiendo oportunamente las atenciones que necesitan. Ahora necesitamos respuestas concretas, responsables identificados y plazos verificables", afirmó Riquelme.

El diputado recordó que las cifras oficiales muestran una situación particularmente preocupante. De acuerdo con SENDA, en 2021 el consumo de cocaína y/o pasta base entre escolares de Magallanes alcanzó un 5,2%, frente a un 2,5% nacional, es decir, más del doble del promedio del país. En 2023, la cifra regional se ubicó en un 4%, todavía por sobre el 3,4% registrado a nivel nacional.

A ello se suma la grave situación de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Los antecedentes correspondientes al periodo 2022-2023 muestran que Magallanes alcanzó una tasa de 294,4 víctimas por cada 100.000 menores de edad, frente a una tasa nacional de 48,9, lo que representa una incidencia aproximadamente seis veces superior al promedio chileno.

"Estas cifras son una alerta que no podemos seguir normalizando. Además, existe una legítima preocupación por la forma en que organizaciones criminales están acercándose a nuestros niños y adolescentes, aprovechándose de sus vulnerabilidades, del consumo de drogas y de las deficiencias del sistema de protección. El Estado tiene la obligación de anticiparse y actuar antes de que estos jóvenes sean captados definitivamente por redes de explotación y delincuencia", advirtió.

Protección estatal y familias de acogida

Riquelme también planteó la necesidad de evaluar con seriedad el cambio de modelo que busca avanzar desde la institucionalización en residencias hacia el cuidado en familias de acogida.

"El tránsito desde las residencias hacia un sistema de familias de acogida puede ser positivo para entregar a los niños un entorno más cercano y familiar, pero no puede hacerse solamente mediante un cambio administrativo o cerrando residencias. Tiene que existir una red suficiente de familias disponibles, debidamente seleccionadas, capacitadas, acompañadas y supervisadas por profesionales", sostuvo.

El legislador advirtió que esta transformación debe considerar especialmente la realidad regional, la disponibilidad de familias de acogida y la situación de adolescentes con consumo problemático, trastornos de salud mental o conductas de alta complejidad.

"No podemos pasar de una institucionalización deficiente a un sistema de acogida sin capacidad suficiente. Si no existen familias disponibles o preparadas para casos complejos, el Estado debe asegurar residencias especializadas, cupos de emergencia y equipos profesionales capaces de intervenir. Ningún niño puede quedar en una situación de mayor vulnerabilidad producto de una transición mal implementada", afirmó.

Asimismo, pidió que se definan claramente las responsabilidades de la Subsecretaría de la Niñez, del Servicio de Protección Especializada, de Salud, Educación, Justicia, Seguridad Pública y Desarrollo Social, junto con los municipios, policías, Fiscalía y organismos colaboradores.

Tratamiento estatal y privado para alcohol y drogas

Uno de los puntos centrales planteados por el diputado fue la inexistencia o insuficiencia de una oferta regional especializada para tratar a niños y adolescentes con consumo problemático de alcohol y drogas.

Riquelme indicó que existen casos en que el programa Mi Abogado y los tribunales han debido gestionar derivaciones fuera de Magallanes debido a la falta de alternativas locales.

"No basta con detectar que un adolescente consume drogas. Debe existir un lugar donde pueda recibir tratamiento. Hoy necesitamos una oferta pública efectiva y, mientras esta se fortalece, también convenios con instituciones privadas acreditadas que permitan atender oportunamente los casos más graves. La falta de una prestación estatal no puede transformarse en una condena para el niño y su familia", declaró.

El parlamentario solicitó implementar una solución transitoria para los casos críticos y, paralelamente, diseñar una oferta permanente en Magallanes, con tratamiento residencial y ambulatorio, desintoxicación, atención de salud mental, apoyo familiar y seguimiento posterior.

"La discusión no puede reducirse a si la atención será pública o privada. Lo verdaderamente importante es que exista, que cumpla estándares adecuados y que sea accesible oportunamente. Si el sistema estatal no tiene hoy la capacidad necesaria, deben utilizarse todas las alternativas disponibles para proteger a estos niños", enfatizó.

Salud y pérdida de horas médicas

Riquelme también solicitó esclarecer cuántas horas médicas y atenciones de salud se han perdido por inasistencia de niños y adolescentes bajo protección estatal y determinar qué institución debía garantizar su concurrencia.

"Cuando un niño se encuentra bajo la tutela del Estado, no podemos aceptar que pierda una atención médica, psicológica o psiquiátrica sin que exista una reacción inmediata. Debe haber un responsable de acompañarlo, verificar su asistencia y reagendar oportunamente cuando corresponda", sostuvo.

En materia de infecciones de transmisión sexual, pidió establecer un circuito especial de atención y seguimiento para adolescentes bajo protección que no concurran a sus controles, incluyendo la notificación, entrega de resultados, tratamiento y acompañamiento profesional cuando corresponda.

"Valoro que el subsecretario haya venido a Magallanes y que podamos abordar esta problemática directamente. Es una autoridad de nuestro Gobierno y esperamos trabajar coordinadamente, pero eso no significa renunciar a nuestra responsabilidad fiscalizadora. Después de todas las reuniones realizadas y de la evidencia que hemos entregado, corresponde pasar de los diagnósticos a las soluciones", concluyó Riquelme.