DIPUTADO RIQUELME TRAS LAPIDARIO INFORME DE CONTRALORÍA: "MAGALLANES NO RESISTE MÁS IMPUNIDAD"

​“La ley es clara: no publicar las cuentas públicas es causal de notable abandono de deberes. Es hora de que el Consejo Regional actúe, porque Magallanes no resiste más impunidad.”, indicó el diputado Alejandro Riquelme

El reciente Informe Final de Investigación Especial N° 26 de 2026 de la Contraloría Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena viene a confirmar de manera categórica y contundente una serie de graves irregularidades e incumplimientos sistemáticos por parte del Gobierno Regional de Magallanes y de su Gobernador Regional, Jorge Flies.

Este informe no es un hecho aislado. Se suma a cerca de seis informes anteriores de la Contraloría que durante años han venido advirtiendo deficiencias graves, falta de control, incumplimientos legales y obstáculos permanentes al ejercicio de la fiscalización.

Uno de los hechos más graves constatados por la Contraloría dice relación con el incumplimiento reiterado y sostenido del deber legal de publicar los balances de ejecución presupuestaria y estados de situación financiera del Gobierno Regional durante el período 2021-2025.

“"Llevamos años denunciando las irregularidades en el Gobierno Regional y hoy la Contraloría nos da la razón de forma categórica. El gobernador no solo no rinde cuentas, sino que además le dio un portazo a la transparencia dejando sin responder más del 70% de las solicitudes de información de los consejeros”, señaló el legislador republicano

La propia Contraloría establece expresamente en la página 11 del informe que el artículo 26 de la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional señala que dicho incumplimiento “será considerado causal de notable abandono de deberes por parte del gobernador regional”.

Es decir, durante prácticamente cuatro años el Gobernador Regional simplemente no cumplió una obligación legal básica y esencial de transparencia financiera.

Y lo más grave aún: el Gobernador Regional solamente regularizó y publicó dichos informes financieros una vez que tomó conocimiento de la denuncia presentada ante Contraloría por parte del entonces consejero regional Alejandro Riquelme y de la investigación especial que se estaba llevando adelante. Es decir, no hubo cumplimiento espontáneo de la ley, sino una reacción tardía únicamente tras verse expuesto por la fiscalización y la acción de Contraloría.

La propia investigación señala que los estados financieros de los años 2022, 2023 y 2024 recién fueron cargados y publicados en septiembre de 2025, luego de los requerimientos efectuados en el marco de esta investigación especial.

La Contraloría es clara: esto constituye un incumplimiento consolidado, mantenido en el tiempo y contrario a la ley.

Asimismo, el informe revela una situación gravísima respecto de las solicitudes de información y acciones de fiscalización realizadas por los consejeros regionales. El organismo contralor constató que entre 2021 y 2024 el Gobierno Regional no respondió 132 solicitudes de información y contestó fuera de plazo otras 22, lo que equivale a más del 70% de los requerimientos sin respuesta o respondidos tardíamente.

La Contraloría señala expresamente que esta conducta entorpeció el ejercicio del rol fiscalizador del Consejo Regional. En otras palabras, existió una práctica sistemática destinada a dificultar, trabar y obstaculizar la labor fiscalizadora de los consejeros regionales.

Pero las irregularidades no terminan ahí.

La Contraloría también constató graves deficiencias en procesos de contratación y control interno, incluyendo pagos efectuados sin que existiera recepción conforme registrada en Mercado Público, órdenes de compra pagadas pese a no encontrarse correctamente recepcionadas y serias falencias en los mecanismos de supervisión administrativa y financiera.

Asimismo, el informe aborda diferencias detectadas entre valores adjudicados y montos finalmente pagados en la adquisición de un dron financiado con recursos públicos, situación respecto de la cual se solicitaron mayores antecedentes y que forma parte de las observaciones levantadas durante el proceso investigativo.

Del mismo modo, se constataron retrasos injustificados en auditorías solicitadas por el CORE, incumplimientos reiterados de instrucciones impartidas por Contraloría y falta de cumplimiento oportuno de obligaciones de transparencia activa y publicidad de los actos administrativos.

A ello se suman diversas irregularidades en contrataciones, compras y asignaciones directas detectadas en este mismo informe, materias respecto de las cuales ya hemos presentado un recurso de reconsideración ante la Contralora General de la República, solicitud que además fue abordada recientemente en reunión sostenida en Santiago.

Todo esto no deja espacio para dudas.

Aquí no estamos frente a errores administrativos aislados ni a desprolijidades menores. Estamos frente a un patrón reiterado y persistente de incumplimientos legales, debilitamiento de los controles internos, falta de transparencia y obstaculización sistemática de la fiscalización pública.

Este informe es el resultado de más de tres años de trabajo de fiscalización realizado por el entonces consejero regional Alejandro Riquelme y hoy Diputado de la República, quien persistentemente denunció estas irregularidades pese a los intentos por minimizarlas o desacreditarlas.

Hoy la propia Contraloría General de la República confirma buena parte de aquello y establece expresamente que el incumplimiento de estos informes financieros constituye causal de notable abandono de deberes.

Por lo mismo, corresponde ahora que los consejeros regionales evalúen institucionalmente las acciones que procedan, considerando especialmente la gravedad de los antecedentes constatados por el órgano contralor y el evidente incumplimiento reiterado de deberes legales por parte del Gobernador Regional.

"Ya van cerca de siete informes de Contraloría que advierten lo mismo: descontrol, pagos sin recepción conforme, diferencias de plata en compras públicas y un desprecio absoluto por la ley. Esto ya no es desprolijidad, es una forma de gobernar al margen de las reglas. Nadie está por sobre la ley en esta región, y el gobernador Flies va a tener que responder ante las instituciones por este persistente daño a la fe pública.", sentenció el diputado Riquelme

​