30 de marzo de 2026
GOBIERNO REAFIRMA COMPROMISO CON UNA DISTRIBUCIÓN JUSTA Y EQUITATIVA DE LOS RECURSOS DEL PDZE PARA TODAS LAS REGIONES DE CHILE
Nueva redistribución del Plan de Zonas Extremas busca corregir desequilibrios y garantizar mayor equidad territorial.
Durante estas semanas de trabajo, el Gobierno ha sostenido una coordinación permanente con las regiones del país en las distintas materias que corresponde abordar en conjunto.
En el marco del Presupuesto 2026 del Plan Nacional de Desarrollo de Zonas Extremas (PDZE), se constató que, a pocas semanas del término de la administración anterior, se destinaron 40.576.722 millones de pesos a la Región de Magallanes, lo que representa un 57,6% del total de 70.442.245 millones asignados al programa. Esta decisión dejó en desventaja a otras regiones extremas contempladas en el plan, como Arica y Parinacota, Tarapacá, el archipiélago de Juan Fernández, Rapa Nui, Los Lagos y Aysén.
Tras el trabajo con los equipos de todos los gobiernos regionales involucrados, se ha concordado una primera distribución de recursos que permita beneficiar de manera equilibrada a todas las regiones, incluyendo, por supuesto, a la Región de Magallanes, que recibirá 25.000 millones de pesos.
La decisión del Gobierno responde a la necesidad de garantizar una asignación equitativa de los recursos; promover un desarrollo equilibrado entre los territorios; fortalecer el compromiso con todas las regiones del país; revisar, junto a los gobiernos regionales, la ejecución efectiva de los recursos; y generar, entre los meses de mayo y junio, una segunda distribución, momento en el cual todas las regiones podrán contar con más recursos si su ejecución presupuestaria así lo requiere.
El compromiso del Presidente Kast es claro: trabajar por todas las familias y territorios de Chile sin distinción, promoviendo el desarrollo equilibrado y la justicia territorial. Este nuevo plan de distribución es una señal concreta en esa dirección.
Asimismo, se espera que las decisiones adoptadas en la administración anterior puedan ser debidamente aclaradas, con el fin de fortalecer la transparencia y asegurar criterios equitativos en la asignación de recursos públicos.
Estudio analizó más de 116 mil causas de cobranza entre 2015 y 2025 y concluyó que la mayoría de las personas demandadas enfrentó solo un proceso judicial durante la última década.
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