19 de agosto de 2026
SECREDUC Y UMAG FIRMAN CONVENIO PARA DISEÑAR ESTRATEGIA REGIONAL DE PROTECCIÓN DE TRAYECTORIAS EDUCATIVAS
La iniciativa permitirá desarrollar un diagnóstico regional basado en evidencia para identificar factores que afectan la continuidad educativa y generar insumos para una estrategia regional que se implementará a partir de 2027.
Con el objetivo de fortalecer las trayectorias educativas de las y los estudiantes de Magallanes y de la Antártica Chilena, la Secretaría Regional Ministerial de Educación y la Universidad de Magallanes (UMAG) suscribieron un convenio de colaboración para desarrollar una consultoría técnica orientada a la construcción de una Estrategia Regional de Protección de Trayectorias Educativas, en el marco de los programas Chile Presente y Chile Aprende y Avanza.
El trabajo busca desarrollar un diagnóstico regional, cuantitativo y cualitativo, que permita identificar los principales nudos críticos, factores de riesgo y barreras que inciden en el acceso, asistencia, permanencia, progresión y continuidad educativa de las y los estudiantes, considerando las particularidades territoriales y socioeducativas de Magallanes.
La consultoría contemplará el análisis de información relacionada con asistencia crítica, grave y reiterada, desvinculación, rezago, repitencia y transiciones educativas, además del levantamiento de información con actores relevantes para identificar factores familiares, institucionales, territoriales, socioemocionales, pedagógicos, de convivencia, transporte, conectividad y acceso a servicios, entre otros.
El proceso será acompañado por la Mesa Regional de Coordinación de Protección de Trayectorias Educativas, integrada por la SECREDUC, el Departamento Provincial de Educación, el SLEP Magallanes, JUNJI e Integra, instancia que tendrá un rol de conducción, articulación y validación técnica de los productos desarrollados.
El seremi de Educación de Magallanes y de la Antártica Chilena, José Raúl Alvarado Díaz, destacó la importancia de contar con una mirada regional para abordar los desafíos que enfrentan las comunidades educativas: “Esta firma representa un paso importante para avanzar hacia una educación que conozca y responda a las particularidades de nuestro territorio. Queremos comprender con mayor profundidad qué factores están afectando las trayectorias educativas de nuestros estudiantes y contar con evidencia que nos permita tomar mejores decisiones. La Universidad de Magallanes tiene un conocimiento profundo de nuestra región y esta colaboración nos permitirá transformar esa experiencia y esa información en herramientas concretas para nuestras comunidades educativas”.
Por su parte, el rector de la Universidad de Magallanes, José Maripani, valoró la posibilidad de contribuir desde la academia a este desafío regional: “Las trayectorias educativas, la deserción y la inasistencia son temas relevantes, especialmente en la educación pública. Cuando un estudiante no asiste, existen pérdidas de aprendizaje que pueden ser difíciles de recuperar. Por eso necesitamos entender qué está pasando y generar información pertinente que nos permita tomar mejores decisiones. Esta es una sinergia importante entre la Universidad de Magallanes y el Ministerio de Educación, donde podemos aportar con análisis, microdatos e informes que contribuyan a transformar esta evidencia en política pública”.
Se espera que en noviembre de 2026 la Universidad de Magallanes entregue un informe regional consolidado con los principales hallazgos, nudos críticos y recomendaciones. Estos resultados serán revisados y validados por la Mesa Regional y servirán como insumo para la elaboración de la Estrategia Regional de Protección de Trayectorias Educativas 2027.
La iniciativa se articula con Chile Aprende y Avanza, estrategia nacional que busca fortalecer los aprendizajes desde los primeros años y evitar que los rezagos se acumulen e interfieran en las trayectorias educativas, junto con promover una cultura educativa que favorezca el bienestar y el desarrollo integral de las y los estudiantes.
La iniciativa, que contempla una inversión de US$ 11.000 millones en Magallanes, enfrenta dos recursos de reclamación ante el Comité de Ministros por severas deficiencias en sus evaluaciones de impacto sobre ballenas y el canquén colorado.
