COLEGIO DE PROFESORES ADVIERTE SOBRE IMPACTO DE RESTRICCIONES PRESUPUESTARIAS EN LA EDUCACIÓN PÚBLICA Y CUESTIONA INSTRUCTIVO DE LA DEP

El presidente nacional del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, Mario Aguilar Arévalo, abordó esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones la situación que atraviesa la educación pública, con especial énfasis en el funcionamiento de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), las restricciones contempladas en la discusión presupuestaria y los efectos que, a su juicio, podrían tener las nuevas instrucciones de la Dirección de Educación Pública (DEP).

Durante la entrevista, Aguilar sostuvo que los SLEP continúan enfrentando importantes dificultades y manifestó su preocupación por las restricciones que podrían profundizar la precarización del sistema. En ese sentido, señaló que la organización gremial mantiene una postura crítica frente a la forma en que se está desarrollando el proceso de implementación de la nueva institucionalidad.

“Nosotros pensamos que tiene que ser fortalecida, no debilitada y claramente los SLEP hemos sido muy críticos en muchos aspectos de su funcionamiento”.

El dirigente también se refirió al proyecto de ley que busca modificar los plazos de implementación de los Servicios Locales de Educación Pública. A su juicio, extender el proceso hasta 2040 podría generar una situación de incertidumbre y prolongar las dificultades existentes tanto en la educación municipal como en la nueva institucionalidad.

“Yo estoy de acuerdo en que se deben hacer bien los traspasos y ha habido problemas en el proceso administrativo, más allá del funcionamiento en el proceso administrativo de traspaso ha habido muchos problemas y eso hay que hacerlo bien y en ese sentido, un cierto nivel de ampliación de esos plazos puede ser razonable, pero de ninguna manera una extensión hasta el año 2040”, afirmó.

Críticas a instructivo de la Dirección de Educación Pública

Uno de los principales puntos abordados durante la conversación fue el instructivo emanado desde la Dirección de Educación Pública, respecto del cual el Colegio de Profesores ya habría presentado antecedentes ante la Contraloría.

Aguilar cuestionó particularmente las disposiciones relacionadas con los reemplazos de docentes que se encuentran con licencia médica, la eventual fusión de cursos y las restricciones para cubrir vacantes generadas por la jubilación de profesores.

“Cuando se está diciendo que no se reemplace, se está justamente empeorando una situación que ya es crítica porque ya hay un nivel de cobertura que no se cubre de esos cursos que quedan sin profesor, circunstancialmente por una ausencia justificada”, sostuvo.

El presidente del gremio agregó que las licencias médicas corresponden a un derecho de los trabajadores y que impedir los reemplazos podría generar efectos directos en las comunidades educativas.

“Los trabajadores y trabajadoras tenemos derecho a enfermarnos y tenemos derecho a la recuperación, pero cuando se está diciendo que no se reemplace las licencias médicas, se está justamente empeorando una situación que ya es crítica”.

A esto sumó su preocupación por la posibilidad de fusionar cursos para reducir costos. Según explicó, esta medida podría incrementar significativamente el número de estudiantes por sala y dificultar especialmente la atención de alumnos con necesidades educativas especiales.

“La tendencia en la pedagogía moderna en todo el mundo es que los cursos sean cada vez con menos estudiantes, porque eso permite lo que hoy día se exige y lo que hoy día corresponde, que es la atención más personalizada”, planteó.

Inclusión y programas de apoyo entre las principales preocupaciones

Aguilar también puso énfasis en las consecuencias que estas medidas podrían generar para los estudiantes con necesidades educativas especiales y para los profesionales que trabajan en los Programas de Integración Escolar (PIE).

Explicó que, ante la falta de reemplazos, profesionales destinados a atender a estudiantes con necesidades educativas especiales terminan realizando funciones de aula regular, dejando de lado las labores para las cuales fueron contratados.

“Entonces totalmente irregular y eso podría agudizarse más todavía con la función de cursos. Ya le expliqué: si un curso tiene una profesora, tiene 25 en la sala y 10 de ellos son niños con diagnóstico TEA, por ejemplo, o diagnóstico de alguna condición permanente, requiere una atención muy especializada que ya está muy difícil, pero si el curso se lleva a 35 va a empeorar”, afirmó.

Para el dirigente, el debate presupuestario no debería centrarse únicamente en reducir gastos, sino en garantizar las condiciones mínimas para el funcionamiento de los establecimientos educacionales.

“Estamos hablando de defender el presupuesto que existe, de defender programas que existen. No estamos hablando de nuevos programas o de nuevas situaciones. Estamos en lo más básico, que es que no se precarice todavía más lo que ya existe”, enfatizó.

Críticas al eventual recorte del programa “Yo Elijo Mi PC”

Otro de los puntos cuestionados por Aguilar fue la eventual reducción o modificación del programa “Yo Elijo Mi PC”, iniciativa que, según sostuvo, ha permitido disminuir brechas de acceso tecnológico entre estudiantes.

El presidente del Colegio de Profesores criticó las declaraciones de autoridades que han relativizado el impacto del programa y defendió su importancia para estudiantes que no cuentan con recursos para acceder a un computador.

“Un niño que no tenía acceso a un computador y que no tenía ninguna posibilidad que su familia le pudiera comprar un computador y accede a él, ¿cómo no va a ser en sí mismo un cambio importante en la situación y la condición de ese niño o niña?”, planteó.

En esa línea, cuestionó que las decisiones presupuestarias se adopten sin considerar las distintas realidades territoriales del país, haciendo especial referencia a las condiciones que enfrentan las regiones.

“La educación pública se va sintiendo acorralada”

Durante la entrevista, Mario Aguilar utilizó el concepto de “acorralamiento” para describir el escenario que, a su juicio, enfrenta actualmente la educación pública.

“El presupuesto que se le estaría aprobando a ese servicio local no permitiría comprar suficiente combustible para la calefacción de las salas. Entonces, si usted tiene una sala de clase donde la temperatura puede ser cercana a 0°, ¿qué aprendizajes pueden haber?”, cuestionó.

En el caso de Magallanes y otras zonas con condiciones climáticas adversas, el dirigente sostuvo que las decisiones presupuestarias deben considerar las particularidades territoriales y las necesidades concretas de cada comunidad educativa.

Asimismo, criticó que desde el nivel central se establezcan criterios que, según afirmó, no necesariamente consideran las realidades locales.

“Él no puede decirle a Magallanes cómo elaborar su plan anual local de educación, porque eso responde a la pertinencia y a la realidad que tiene que tener Magallanes y eso hay que respetarlo”, sostuvo, en referencia a las atribuciones que, a su juicio, no corresponderían al Ministerio de Hacienda.

Cuestionamientos al rol del Ministerio de Hacienda

Otro de los puntos planteados por el presidente del Colegio de Profesores fue su crítica a la participación del Ministerio de Hacienda en decisiones que, según afirmó, tienen un carácter directamente educacional.

“Las decisiones no se están tomando en el Ministerio de Educación. Son decisiones que son de tipo educativo, tienen impacto educativo, afectan la educación, pero no se están tomando en el Ministerio de Educación. Eso es lo delicado y lo grave”, manifestó.

Aguilar calificó como “totalmente anómalo” que el ministro de Hacienda anuncie medidas vinculadas directamente con docentes y establecimientos educacionales, argumentando que la definición de las políticas educativas corresponde al Ministerio de Educación.

“El Ministerio de Educación es el que debe definir las políticas educacionales, no el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda tiene que entregar los recursos para que el sistema educacional funcione”, señaló.

Apoyo a movilizaciones estudiantiles y críticas a operativo policial

Finalmente, Aguilar se refirió a la movilización convocada por la Confech, actividad a la que el Colegio de Profesores adhirió y en la que participaron dirigentes y docentes.

El dirigente cuestionó el actuar policial durante la manifestación y calificó como “inusitada”, “injustificada” y “arbitraria” la represión que, según su relato, se habría producido pese a que la marcha contaba con autorización de la Delegación Presidencial.

“Lo que hubo fue efectivamente una inusitada represión policial. Injustificada, arbitraria porque lo que los estudiantes tenían, el permiso gestionado se había entregado por parte de la Delegación Presidencial. El recorrido aprobado es el que se estaba haciendo”, afirmó.

Aguilar relató además los efectos que, según indicó, habría provocado el uso de gases durante la jornada: “Quedamos con la respiración cortada, había gente que estaba desmayándose, casi en un estado de inconsciencia”.

El presidente nacional del Colegio de Profesores cerró la entrevista realizando un llamado a sus colegiados a participar en las próximas elecciones internas de la organización, programadas para el 18 de noviembre, destacando la importancia de la participación de los docentes en el proceso democrático del gremio.

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