11 de abril de 2026
FENADAJ ADVIERTE AL MINISTERIO DE JUSTICIA SOBRE IMPACTO DE RECORTES Y EXIGE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE ESTADO
La federación manifestó su preocupación por eventuales ajustes presupuestarios y su efecto en el acceso a la justicia para sectores vulnerables.
Dirigentas y dirigentes de las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJ) sostuvieron su primera reunión con el subsecretario de Justicia, Luis Silva, instancia en la que expresaron su preocupación por los eventuales recortes presupuestarios anunciados en distintas carteras y su posible impacto en el acceso a la justicia.
Desde la Federación Nacional del Acceso a la Justicia (FENADAJ), los representantes señalaron que estas medidas podrían afectar directamente a los sectores más vulnerables, enfatizando que el rol del servicio público tiene consecuencias concretas en el bienestar de la población. En ese contexto, expusieron un diagnóstico preliminar sobre la situación de las CAJ y las dificultades que enfrentan en el territorio.
La presidenta de FENADAJ, Victoria Escalante, indicó que el encuentro permitió plantear compromisos pendientes de la administración anterior, especialmente en materias de infraestructura, dotación, brechas salariales y otras áreas que, según señaló, requieren avances sostenidos más allá de los cambios de gobierno.
Asimismo, la dirigenta sostuvo que, frente a un escenario de restricción de recursos, es necesario priorizar aquellos servicios con presencia territorial y vínculo directo con la ciudadanía, como las Corporaciones de Asistencia Judicial. En esa línea, insistió en la necesidad de aplicar criterios de priorización ajustados a la realidad de cada servicio.
Finalmente, desde la federación reafirmaron que el fortalecimiento del sistema de acceso a la justicia debe mantenerse como una prioridad, destacando el rol de las CAJ y valorando la futura creación del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas, sin perjuicio de advertir que no aceptarán retrocesos en derechos y garantías.
Estudio analizó más de 116 mil causas de cobranza entre 2015 y 2025 y concluyó que la mayoría de las personas demandadas enfrentó solo un proceso judicial durante la última década.
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