INFORME ANUAL DE DDHH: AUMENTAN UN 11,1% LOS CASOS POR HOMO/TRANSFOBIA EN LA REGIÓN MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

Los casos y denuncias por discriminación en razón de la orientación sexual, la expresión y la identidad de género subieron a nivel nacional un alarmante 27,1% en el último año, sumando 3.620 los atropellos a los derechos humanos, la cifra más alta de la cual se tiene registro y "que refleja un deterioro progresivo de los espacios de protección y resguardo de la igualdad para las personas LGBTIQ+".

Así lo arrojó el XXIV Informe Anual de los Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género, dado a conocer hoy por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), precisando que solo el 2025 concentra el 23% del total de casos de discriminación conocidos en los últimos 24 años.

El estudio calificó además al 2025 como el año "del quiebre del consenso social, político e institucional que había permitido concebir los derechos de las personas LGBTIQ+ como parte indivisible y no ideologizada de los derechos humanos universales". El período estuvo además caracterizado por "el fortalecimiento de tendencias negativas", como lo fueron la consolidación del alza de la discriminación y nuevos retrocesos de derechos, "la focalización del odio en la población trans", la "descentralización regional de la discriminación y el desplazamiento de buena parte de las hostilizades al espacio digital".

Todo el año estuvo al mismo tiempo cruzado por la "inconsistencias y carencia de la densidad estatal, en especial de los poderes Ejecutivo y Legislativo, para proteger y promover los derechos LGBTIQ+, a diferencia del Judicial donde se registraron positivas señales que marcaron hitos a favor de la igualdad".

"Así, el 2025 no fue únicamente un año de retrocesos, sino el momento en que se consolidó un cambio de clima: de la expansión progresiva de derechos a su disputa abierta; de la desideologización a la polarización; y de la promesa de igualdad a una etapa de vulnerabilidad e incertidumbres para las diversidades sexuales y de género" lo que refuerza la necesidad de implementar estrategias y medidas para la "recuperación de una comprensión básica pero indispensable: que los derechos de las personas LGBTIQ+ son, sin excepciones ni adjetivos, derechos humanos" y que, por tanto, no son un tema de izquierdas, derechas o centro, señaló el estudio.



Los casos de discriminación

Los 3.620 atropellos a los derechos humanos del 2025 se distribuyeron en 45 agresiones físicas o verbales perpetradas por personas desconocidas para las víctimas; 7 casos de detenciones o agresiones policiales arbitrarias; 93 episodios de abuso laboral; 70 hechos de discriminación en el ámbito educacional; 21 campañas o movilizaciones homo/transfóbicas; 320 exclusiones institucionales; 62 marginaciones o ataques en espacios públicos y privados donde las víctimas acudieorn en búsqueda de bienes o servicios ; 141 vulneraciones ocurridas al interior de las familias o barrios; 2.860 declaraciones homo/transfóbicas; y 1 caso de discriminación en los ámbitos de los medios de comunicación, la cultura o el espectáculo.

El mayor incremento se registró en las detenciones o agresiones policiales arbitrarias cometidas por Carabineros, con un alza del 250% respecto del año anterior. Le siguieron las campañas o movilizaciones homo/transfóbicas, que aumentaron en un 133%; las hostilidades en espacios públicos y privados que niegan el acceso igualitario a bienes y servicios (+47,6%); los discursos de odio (+41,3%); la discriminación educacional (+7,6%); los abusos al interior de las familias o barrios (+7,6%); los atropellos laborales (+4,4%); y los ataques perpetrados por personas desconocidas por las víctimas. (+2,27%).

Solo en tres de las once categorías de discriminación consideradas en Informe de DDHH se registraron descensos: las exclusiones en los ámbitos de los medios de comunicación, la cultura y el espectáculo (-66%), la marginación institucional (-26,6%) y los crímenes de odio, que por primera vez desde 2009 no ocurrieron. "Esta última noticia positiva debe, sin embargo, ser relativizada, pues durante 2025 se tomó conocimiento de un crimen de odio ocurrido en 2024 que no había sido previamente registrado. A ello se suma que los aumentos se concentraron en categorías de discriminación que tienen lugar en espacios llamados a proteger y resguardar a las personas; como las familias, los barrios o las policías; y en ámbitos destinados a garantizar derechos fundamentales, tales como la educación, el trabajo y la salud", apuntó el estudio.

Las discriminaciones tuvieron como responsables a un total de 39 instituciones y 826 personas, cuyos principales responsables fueron integrados al Ranking Anual de la Homo/transfobia que se describe en el segundo capítulo del Informe.



Focalización del odio en la población trans

"Durante 2025, la población trans fue el grupo más afectado por la discriminación, lo que evidencia una clara focalización del odio. Esta situación impactó de manera especialmente grave a niños, niñas y adolescentes trans, así como a sus familias cuando acompañan y apoyan sus procesos de transición. Ello se explica tanto por retrocesos en sus derechos impulsados desde el Estado, como por la intensificación de la acción de sectores opositores a la igualdad que desplegaron campañas transfóbicas persistentes, particularmente a través de redes sociales, en un contexto de descenso en los niveles de aceptación social de dicho sector, según diversas encuestas y sondeos", señala la investigación

"En términos cuantitativos, la población trans concentró el 39,64% del total de los casos y denuncias por discriminación registrados en 2025, con un incremento del 26,87% en relación con el año anterior. Los gays, por su parte, acumularon el 9,98% de los abusos, registrando un aumento de 84,18%. Las personas lesbianas fueron afectadas en el 4,7% de los atropellos con un incremento del 43,22% respecto del año previo. Finalmente, los casos que afectaron al conjunto de las personas LGBTIQ+ concentraron el 45,71% del total nacional, reflejando la persistencia de acciones colectivas y discursos que buscan erosionar de manera transversal la dignidad y los derechos de todas las diversidades sexuales y de género", añadió el estudio.



Magallanes, aumenta la discriminación

Un 11,1% aumentaron en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena los casos de discriminación por orientación sexual o identidad de género.

Los abusos ocurrieron en Punta Arenas (8) y Río Verde (2).

"El hecho de que las denuncias se concentren principalmente en la comuna de Punta Arenas, y menor medida en Río Verde, mientras que en las otras no existen reportes, viene a decirnos que en buena parte de la Región no existen campañas o políticas públicas a favor de los derechos humanos LGBTIQ+ que alienten a las personas a no silenciar los atropellos que sufren. En otras palabras, y en consecuencia, hay un mayor temor a visibilizar la orientación sexual o la identidad de género", sostuvo el encargado de DDHH del Movilh, Ramón Gómez.

Con todo, "el incremento de casos de discriminación en la región en términos generales, implica que hay desplazamiento de las expresiones de odio hacia territorios donde las temáticas LGBTIQ+ tienen menor visibilidad y debate público. Este fenómeno parece orientado a obstaculizar avances en contextos locales más frágiles y se ve facilitado por el aumento sostenido de la violencia y de los discursos de odio difundidos a través de redes sociales", enfatizó el estudio.

Gómez precisó que "en el caso de Punta Arenas la situación es particularmente grave, porque junto con incrementar los abusos, su violencia es cada vez más extrema. En efecto, en 2025 de conoció que el asesinato que había quitado la vida en 2024 al ciudadano René Márquez Arismendi fue un crimen de odio motivado por su orientación sexual, lo que enfatiza la necesidad de implementar medidas en la región, y en la comuna, para prevenir la discriminación".

En términos de concentración geográfica de los casos, la lista la encabeza Valparaíso, con el 43,13% del total nacional, seguida por la Metropolitana (23,46%), Biobío (7,2%), Los Lagos (3,14%), Coquimbo (2,62%), Antofagasta (2,09%), Maule (2,09%), La Araucanía (1,96%), Tarapacá (1,83%), Atacama (1,83%), Ñuble (1,83%), Libertador General Bernardo O'Higgins (1,57%), Magallanes (1,31%), Los Ríos (1,04%), Arica y Parinacota (1,04%) y Aysén (0,65%). Adicionalmente, el 0,13% de los casos tuvo lugar en la Embajada de Chile en Colombia.

Respecto de las variaciones interanuales, el mayor incremento de casos y denuncias se registró en la Región de La Araucanía, con un aumento de 150%, seguida por Antofagasta (+45,45%), Aysén (+25%), Maule (+23,07%), Coquimbo (+17,6%), Ñuble (+16,66%), Los Ríos (+14,28%), Arica y Parinacota (+14,28%), Biobío (+12,24%), Magallanes y la Antártica Chilena (+11,1%), Los Lagos (+9,09%), Libertador General Bernardo O'Higgins (+9,09%), Tarapacá (+7,69%) y Atacama (+7,69%).

"Este escenario da cuenta de una expansión territorial de las odiosidades hacia zonas con menor discusión pública sobre las diversidades sexuales y de género, lo que incrementa las condiciones de vulnerabilidad. Dicho proceso está estrechamente vinculado al aumento desmedido de los discursos de odio, especialmente en el ámbito digital, donde las agresiones van desde insultos y deshumanización hasta amenazas de muerte y de vandalización contra bienes de las víctimas", insistió el estudio.

Añadió que "durante 2025 se registraron 2.860 discursos de odio, la cifra más alta de la cual se tiene registro, expresada mayoritariamente a través de redes sociales. Ello confirma un desplazamiento ya consolidado de las campañas y arremetidas anti-derechos hacia el espacio virtual, donde las agresiones suelen desplegarse en contextos de alta impunidad y con escasos costos para quienes las perpetran. Esta realidad refuerza la necesidad de contar con una legislación que sancione los discursos de odio, incorporando de manera explícita regulaciones en el ámbito digital".



Ideologización: el quiebre de un consenso clave

De acuerdo al informe "la característica más grave del año 2025, en lo que respecta a los procesos socioculturales y políticos, fue la ruptura del avance hacia un consenso clave para la promoción universal de los derechos humanos de las personas LGBTIQ+: su progresiva desideologización y despartidización".

"En efecto, tras décadas de cambio cultural, al finalizar el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera se encontraba relativamente instalado en el imaginario ciudadano y en el debate público que los derechos de las personas LGBTIQ+ no constituían una causa de izquierdas, derechas o centro, sino una materia propia de la universalidad de los derechos humanos. Este entendimiento transversal había permitido avances relevantes y una disminución de la polarización política en torno a la temática", estableció el estudio.

Sin embargo, añadió, "dicho consenso, que venía en ascenso, comenzó a desacelerarse en los años recientes y alcanzó su quiebre más perjudicial durante 2025, en un contexto marcado por las elecciones presidenciales y parlamentarias. En este escenario, diversos actores reintrodujeron con especial vehemencia una lógica de confrontación ideológica que tensionó gravemente los consensos que previamente iban avanzando".

Por una parte, ejemplificó la investigación "la ultraderecha y amplios sectores de la derecha, animados por expresiones evidentes de homo/transfobia, presionaron para ideologizar los derechos LGBTIQ+, presentándolos errónea e interesadamente como una supuesta agenda exclusiva de la izquierda. Esta estrategia buscó deslegitimar tales derechos como universales, transformándolos en un objeto de disputa política, partidaria y electoral. Frente a ello, la derecha liberal y/o favorable a los derechos LGBTIQ+ guardó silencio" . "A su vez, un sector de la izquierda contribuyó a ese proceso al abandonar progresivamente un enfoque basado en derechos humanos universales y promover, en los últimos años, medidas supuestamente favorables a las personas LGBTIQ+ desde marcos conceptuales ideologizados, centrados en "disidencias" y en la construcción de espacios de trincheras o de guetos partidarios. Estas propuestas, más que representar efectivamente a las diversidades sexuales y de género o responder a sus necesidades concretas, terminaron por fragmentar la discusión pública. Cuando dicha estrategia no logró los resultados esperados, se produjo con el correr del tiempo un silenciamiento o repliegue del tema en el espacio público, fenómeno que en 2025 estuvo fuertemente influido por cálculos partidarios y electorales", añadió el estudio.



Fortalecimiento de tendencias negativas

"El fortalecimiento de las tendencias negativas orientadas a boicotear los derechos de las personas LGBTIQ+ constituye, sin duda, una de las características más claras del año 2025, generando una alerta respecto de la actual vulnerabilidad que enfrenta la protección de los derechos humanos de la diversidad sexual y de género", señaló el Informe de DDHH.

"Por una parte se consolidó la tendencia al alza de los casos y denuncias por discriminación, siendo los discursos de odio uno de los principales factores facilitadores de este fenómeno; y, por otra, se registraron por segundo año consecutivo retrocesos en materia de derechos para las personas LGBTIQ+, afectando de manera específica a la población trans", dijo el estudio.

Precisó que "el Gobierno y el Congreso Nacional figuran como los principales responsables estatales de estas regresiones, las cuales se vieron potenciadas y retroalimentadas por un escenario internacional cada vez más hostil hacia los derechos de niños, niñas y adolescentes trans. Este contexto se tradujo en arremetidas periódicas de grupos anti-derechos que desinformaron y denigraron la dignidad humana, así como en políticas incivilizadas impulsadas desde Estados Unidos, cuyos efectos están teniendo impacto en diversos países".

Añadió que "en este marco, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó un informe transfóbico de una comisión investigadora (CEI-57) orientado a limitar y eliminar derechos de niños, niñas y adolescentes trans. Paralelamente, el Congreso Nacional eliminó de la Ley de Presupuestos 2026 el financiamiento del Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG), dejando a niños, niñas y adolescentes trans y a sus familias en una situación de orfandad estatal".

"A su vez, y contraviniendo derechos ya conquistados, el Ministerio de Salud, mediante la circular N°8, restringió el acceso al PAIG al establecer que los menores de 14 años deben contar con la autorización de al menos uno de sus representantes legales para acceder a este beneficio. Esta exigencia desnaturaliza el sentido original del programa, concebido precisamente para brindar respuesta y apoyo a niños, niñas y adolescentes que enfrentan, en sus propias familias u otros espacios, discriminación o abusos que obstaculizan el desarrollo libre y sin prejuicios de su identidad", consideró el estudio.

"Altos representantes del Gobierno fueron denunciados además por sus propios funcionarios de tres casos de discriminación en razón de la identidad de género y uno en razón de la orientación sexual. Estos hechos ocurrieron en la Seremi de Gobierno de la Región del Maule, en la Embajada de Chile en Colombia y en las Seremi de Salud de Coquimbo y Valparaíso, siendo este último el que generó un impacto nacional, dado que la víctima, Sol Millakura Hernández Márquez, murió por suicidio tras denunciar discriminación laboral. A lo expuesto se añadieron nuevos reportes de discriminación al interior de Gendarmería. Nunca antes, en el plazo de solo un año, se había registrado desde órganos gubernamentales un volumen tan alto de denuncias por homo/transfobia, ni hechos de tal gravedad como el ocurrido a Hernández Márquez, lo que constituye un severo retroceso en materia de derechos humanos", detalló la investigación.



Inconsistencias y carencia de densidad estatal

"Al analizar el quehacer de los tres poderes del Estado en relación con los derechos de las personas LGBTIQ+, el año 2025 evidenció de manera clara inconsistencias y una preocupante carencia de densidad institucional. Esta situación no solo se explica porque mientras el Poder Judicial registró avances, el Poder Ejecutivo y el Legislativo experimentaron retrocesos, sino también porque, al interior tanto del Gobierno como del Congreso Nacional, coexistieron medidas regresivas con algunos progresos puntuales", enfatizó la investigación.

Añadió que "si bien dichos avances no alcanzan a compensar ni neutralizar los retrocesos sufridos, y se sitúan por debajo de conquistas previamente alcanzadas; en tanto no requirieron mayores esfuerzos políticos o culturales para su concreción; resultan igualmente relevantes en la medida en que contribuyen, aunque de forma acotada, a la construcción de sociedades más justas e inclusivas".

"Así, mientras el Ministerio de Salud debilitaba derechos de niños, niñas y adolescentes trans, publicó simultáneamente la Resolución Exenta N.º 733, que puso término a la exigencia de atención psicológica o psiquiátrica como requisito para que personas mayores de 18 años accedan a terapias hormonales", precisó el estudio.

"En paralelo a denuncias de funcionarios públicos por homo/transfobia en el ámbito laboral, la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) dictó la Circular N.º 3876, mediante la cual exige a los empleadores la implementación de protocolos, capacitaciones y programas de atención psicológica que consideren explícitamente la orientación sexual y la identidad de género. Esta medida representó un avance normativo relevante en el ámbito de la prevención y abordaje de la discriminación laboral", añadió la investigación.

"A su vez, el Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación del Gobierno inauguró en sus dependencias el denominado "Biblioespacio Mónica Briones", en memoria de esta escultora cuyo asesinato constituye el primer crimen lesbofóbico documentado en Chile. Ello ocurrió en un año en que, de manera contradictoria y lamentable, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio se distanció de toda mención a la orientación sexual y al legado literario de contenido lésbico de Gabriela Mistral, en el marco de la conmemoración de los 80 años de la obtención del Premio Nobel", estableció el Informe.

Agregó que "el Congreso Nacional, por su parte, aprobó; aunque ya a comienzos de 2026; la ley que "reconoce el derecho al cuidado y crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados", a lo que se sumó la promulgación, a fines de 2024, de la Ley N.º 21.719 que "regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales". Ambas normas mencionan a la orientación sexual y la identidad de género como categorías protegidas o factores relevantes. Sin embargo, y de manera simultánea a estos avances, el Parlamento impulsó retrocesos en derechos de las personas trans y fue incapaz de aprobar la Reforma a la Ley Zamudio y de tramitar una ley de Educación Sexual Integral, las demandas legislativas LGBTIQ+ más antiguas y transversales en la actualidad y que fueron promesas gubernamentales".

"En un plano más específico y, afortunadamente, exento de inconsistencias, se registraron avances relevantes a nivel local e institucional. La Municipalidad de Rapa Nui aprobó la creación de su primera Oficina de Atención a la Diversidad y Neurodivergencia; la Municipalidad de Atacama convocó a la primera Marcha del Orgullo en la comuna; y, en un hecho de especial y gravitante relevancia, la Policía de Investigaciones de Chile lanzó su primera "Guía de Atención a Grupos Vulnerables", entregando recomendaciones a sus funcionarios para el respeto de los derechos de las personas LGBTIQ+", resaltó el estudio.



Posicionamiento del Poder Judicial como el más protector del Estado

Tal como había ocurrido en 2018, el Poder Judicial volvió a posicionarse en 2025 como el órgano del Estado que mostró una mayor protección y respeto por los derechos humanos de las personas LGBTIQ+, en marcado contraste con el Congreso Nacional y el Gobierno. A este escenario se sumaron, además, pronunciamientos favorables del Tribunal Constitucional"

"Aunque esta protección no estuvo exenta de contrastes; pues algunos tribunales continuaron actuando de manera discrecional o de forma incomprensible en materias vinculadas a las infancias trans o a la aplicación de agravantes en delitos motivados por discriminación, lo cierto es que durante el año el Poder Judicial marcó hitos relevantes a favor de la igualdad y la no discriminación" señaló el estudio.

Entre los hitos judiciales destacaron la primera sentencia por femicidio lesbofóbico, dictada por el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago; la condena a presidio perpetuo impuesta por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas por un crimen de odio; la sanción aplicada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Puente Alto contra un empleador por transfobia laboral; y la condena superior a 30 millones de pesos que el 17.º Juzgado Civil de Santiago impuso a un establecimiento educacional católico por la discriminación sufrida por una niña de 12 años en razón de su orientación sexual y expresión de género. Asimismo, el Tercer Juzgado de Letras de Copiapó acogió una demanda contra un establecimiento educacional por no brindar orientación adecuada a una madre, Marcela Guevara, quien perdió a su hijo, José Matías, luego de que muriera por suicidio tras sufrir bullying transfóbico.

En tanto "el Tribunal Constitucional, otrora una de las instituciones más homo/transfóbicas del país, también contribuyó a este escenario al anular una glosa de la Ley de Presupuestos 2025 que prohibía a todo evento el financiamiento de terapias hormonales en menores de 18 años. Especialmente relevante fue además una sentencia donde estableció que las personas trans menores de 14 años sí pueden rectificar su partida de nacimiento, al acoger un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por el Segundo Juzgado de Familia de Santiago contra disposiciones de la Ley de Identidad de Género que excluían menciones explícitas a dicho grupo humano".



Movimiento LGBTIQ+ en resistencia y marcando hitos

"En un escenario particularmente complejo para los derechos LGBTIQ+, los movimientos y organizaciones del sector lograron impulsar hitos relevantes que contribuyeron a contrarrestar narrativas negativas y paliar efectos culturales de las políticas regresivas, fortaleciendo al mismo tiempo sus niveles de articulación y coordinación", sostuvo el estudio.

"En este contexto, y en medio de la arremetida contra las infancias trans, se lanzó "Ariel es una Niña", el primer cuento sobre la materia que contó con patrocinio estatal y académico. Esta iniciativa permitió romper el silenciamiento que afectaba a los derechos LGBTIQ+ durante el período electoral, trasladando la temática desde los márgenes hacia el centro de la discusión pública, incluyendo el ámbito del debate presidencial", enfatizó la investigación.

"De forma paralela, colectivos lésbicos instalaron en Santiago la primera placa en memoria de Mónica Briones y de las víctimas del lesbo-odio; organizaciones LGBTIQ+ elaboraron el primer manual orientado a prevenir y enfrentar los discursos de odio; y, de manera inédita, en las regiones de Atacama y Puerto Varas se realizaron marchas del Orgullo, ampliando la visibilidad territorial del movimiento". añadió la investigación.

"Un mayor nivel de coordinación entre las agrupaciones se expresó en la realización del Primer Encuentro Nacional por los Derechos LGBTIQ+, que reunió a representantes de las 16 regiones del país, instancia sin precedentes en la historia del movimiento en Chile", apuntó el estudio. En el mismo período, se inauguró en Chile el primer Consejo Consultivo de la Sociedad Civil de Naciones Unidas, siendo elegida como una de sus representantes la lideresa trans de Rapa Nui, Isis Teao.

"En el plano sociocultural, en tanto, diversos estudios y encuestas publicados durante 2025 evidenciaron un aumento en el número de personas que se declaran abiertamente LGBTIQ+. Este dato sugiere que, pese al contexto hostil y a la intensificación de los discursos de odio, no se ha debilitado la disposición de las personas a visibilizar su identidad ni a ejercer sus derechos", apuntó el informe.

"Finalmente, artistas con alta exposición pública contribuyeron a visibilizar las realidades LGBTIQ+ y a disputar narrativas en espacios con tradición. En ese contexto, la canción Infernodaga, de Dani Ride, con temática LGBTIQ+, representó a Chile en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, un hito para el certamen y los eventos televisados", concluyó el estudio.