6 de enero de 2026
INFORME REVELA PROYECTOS SIN CIERRE POR CERCA DE $60 MIL MILLONES EN EL GOBIERNO REGIONAL
La revisión externa abarcó el período 2022-2023 y reveló falencias de coordinación interna que mantienen abiertas iniciativas por hasta ocho años.
Un complejo panorama financiero quedó en evidencia durante la primera sesión del Consejo Regional de Magallanes del año 2026, luego de que se dieran a conocer los resultados de una auditoría externa aplicada al Gobierno Regional. El estudio fue realizado por la Consultora Fortunato y abarcó el período comprendido entre enero de 2022 y diciembre de 2023.
De acuerdo con lo expuesto, la auditoría identificó una significativa cantidad de proyectos que, pese a haber sido ejecutados y recepcionados físicamente, no cuentan con su respectivo cierre administrativo ni financiero. Esta situación se arrastra desde hace varios años, acumulando un monto cercano a los 60 mil millones de pesos.
El auditor de la consultora, Alejandro Inostroza, explicó que el problema radica principalmente en la falta de cierre administrativo y contable de iniciativas ya ejecutadas y recepcionadas físicamente. “Las obras se terminan, se usan, pero internamente no se informa su cierre, no se reclasifican ni se dan de baja, por lo que continúan apareciendo como cuentas abiertas, incrementando este monto año a año”, señaló.
Desde la empresa auditora indicaron que este tipo de situaciones no es exclusiva de Magallanes, pero que en este caso se ve agravada por una deficiente comunicación entre las distintas unidades del Gobierno Regional, lo que ha impedido concluir formalmente numerosos proyectos. Advirtieron que este escenario podría derivar en eventuales perjuicios patrimoniales para la región.
El Gobernador Regional, Jorge Flies, reconoció que uno de los puntos más delicados dice relación con las cuentas por rendir y reintegros, especialmente en los recursos transferidos a entidades públicas y privadas. Indicó que, si bien los egresos están registrados, la rendición debe contar con sistemas que entreguen total seguridad y conciliación entre las divisiones de inversión pública y contabilidad.
La exposición del informe generó inmediatas reacciones entre los consejeros regionales. Algunos plantearon abiertamente la necesidad de asumir responsabilidades políticas, solicitando la renuncia de la administradora regional, Eugenia Mancilla, por el manejo presupuestario.
El consejero por la Provincia de Magallanes, Rodolfo Arecheta, señaló que se requiere una señal clara para corregir el rumbo y calificó la permanencia de la administradora como “insostenible”. Agregó que, de no asumirse responsabilidades, el Consejo podría verse obligado a ejercer acciones más drásticas.
En la misma línea, el consejero por Última Esperanza, Max Salas, afirmó que lo expuesto es el resultado de una acumulación de desórdenes de larga data. “La magnitud es tal que ni siquiera la auditoría puede pronunciarse completamente, porque falta información clave. Lo único claro es que hay 600 mil millones de pesos en proyectos que nunca fueron cerrados”, sostuvo.
Cabe señalar que, desde una modificación legal promulgada en 2018, los Gobiernos Regionales están facultados para contratar auditorías externas como una herramienta de control y transparencia en la administración de los recursos públicos.
Procedimiento se originó tras fiscalización a empresas de encomienda realizada por el OS-7 de Carabineros.
Procedimiento se originó tras fiscalización a empresas de encomienda realizada por el OS-7 de Carabineros.
