OPERADORES MAGALLÁNICOS DENUNCIAN TRAVESÍAS ILEGALES DE CRUCEROS INTERNACIONALES EN LA PATAGONIA CHILENA

En los canales australes de Chile, donde la normativa marítima es estricta incluso para los operadores locales, una serie de denuncias están encendiendo alertas en la Región de Magallanes. Empresas del sector acusan que cruceros internacionales estarían realizando actividades turísticas dentro del territorio nacional al margen de la legislación vigente, configurando un escenario de competencia desleal y posibles incumplimientos legales en múltiples niveles.

Uno de los episodios más recientes ocurrió en el Fiordo Parry, donde fue avistado un crucero de gran tamaño (equipado incluso con un helicóptero) desembarcando pasajeros. La situación generó inquietud inmediata entre actores locales, no solo por el despliegue logístico, sino por la aparente ausencia de control en una zona donde este tipo de operaciones está regulado.

Aún más grave, según relatan operadores magallánicos, fue lo ocurrido en Bahía Jackson, un sector reconocido por la presencia de elefantes marinos y sujeto a restricciones ambientales. En ese lugar, un crucero internacional habría bajado cerca de 200 turistas extranjeros, sin que exista claridad sobre autorizaciones o fiscalización efectiva. Para quienes operan en la zona, el mensaje es claro: las reglas no se estarían aplicando de manera equitativa.

"Navegando en Tierra del Fuego en una zona tan alejada y exclusivamente chilena, me llamó la atención encontrarme con dos cruceros realizando 'landing' (bajada de turistas en lugares no habilitados), uno en Bahía Jackson (zona de reproducción de elefantes marinos), y el segundo al final del Fiordo Parry, lugar donde además de numerosos glaciares, es posible observar focas leopardo. Definitivamente la legislación nacional, no permite el 'landing', fuera de los puertos habilitados para ese fin", denuncia Alejandro Solo de Zaldívar, gerente general de Solo Expediciones.

El conflicto no es solo ambiental. En el fondo, la controversia apunta directamente al cumplimiento de la normativa de cabotaje en Chile, particularmente en lo referido al transporte de pasajeros. La legislación establece que este tipo de actividad debe realizarse entre puertos habilitados y no contempla recaladas en puntos no autorizados del territorio. Además, históricamente ha sido una actividad reservada a operadores nacionales, con ciertas excepciones reguladas.

Sin embargo, lo que denuncian los actores locales es que estos cruceros internacionales no solo transitan por el Estrecho de Magallanes, sino que además desarrollan actividades propias del turismo interno, sin ajustarse a las normas. "Esta situación constituye una vulneración flagrante a la Ley 21.774, la cual prohíbe que embarcaciones de esta escala (menores de 400 pasajeros) realicen cabotaje en la Zona Austral. Este incumplimiento de la ley frena el desarrollo de nuestra industria marítima regional y nacional. Es imperativo que la DIRECTEMAR, representada por la Gobernación Marítima, ejerzan sus facultades de fiscalización. Exigimos que las instituciones actúen con rigor y coherencia", agrega Alejandro Solo de Zaldívar.

A esto se suma un componente económico que agrava la situación. Según las denuncias, estas embarcaciones cruzan aguas chilenas, operan dentro del territorio y generan ingresos a partir de servicios turísticos, pero sin cumplir con las obligaciones tributarias que sí rigen para cualquier actividad comercial desarrollada en Chile. El principio es claro: toda operación económica dentro del país debe someterse a la legislación nacional, incluyendo aspectos tributarios, laborales, aduaneros y comerciales.

"Mientras hay operadores nacionales a los que se le imponen estrictas limitaciones, por otro lado, tenemos embarcaciones extranjeras que operan sin cumplir las leyes chilenas, desplazándose por nuestros fiordos y canales sin los controles correspondientes. Es hora de terminar con las interpretaciones antojadizas y aplicar la normativa vigente de cabotaje de pasajeros", afirmó el senador por Magallanes, Alejandro Kusanovic.

El problema, advierten los involucrados, es mucho más complejo que una eventual infracción puntual. Se trataría de un fenómeno donde convergen vacíos legales, debilidades en la fiscalización y un mercado global altamente competitivo que presiona sobre territorios de difícil control. En ese contexto, los operadores regionales aseguran estar en desventaja y obligados a cumplir estrictamente la normativa mientras compiten con actores internacionales que operarían con mayor flexibilidad.

Hasta ahora, no existe una respuesta pública clara sobre el alcance de estas prácticas ni sobre eventuales sanciones. Además, a esto se suma una discusión creciente en torno a los estándares de sostenibilidad en la industria con una aplicación desigual de exigencias entre actores nacionales e internacionales, lo que plantea interrogantes sobre la coherencia del modelo de turismo sostenible que se promueve en el país, sumado a la soberanía y protección del patrimonio natural.