PERIODISTA CLAUDIO ANDRADE CUESTIONA EFECTOS DE LA LEY LAFKENCHE Y ADVIERTE RESTRICCIONES AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN MAGALLANES

La lentitud de los procesos de autorización para proyectos productivos, las dificultades que enfrenta la industria salmonicultora y el debate sobre la protección ambiental en Magallanes fueron algunos de los principales temas abordados esta mañana por el periodista Claudio Andrade, durante su participación en el programa Pesca y Acuicultura en Magallanes, de Polar Comunicaciones.

El periodista realizó un análisis de los primeros siete meses de la actual administración gubernamental y de las expectativas que se habían generado respecto de un mayor impulso a la industria acuícola, especialmente en materia de permisología, relocalización de centros de cultivo y aumento de la producción bajo estándares ambientales.

Andrade planteó que, si bien inicialmente existió un discurso orientado a acelerar las inversiones y destrabar proyectos, la implementación de esas medidas ha encontrado dificultades relacionadas con el funcionamiento del aparato estatal y la burocracia administrativa.

Microrrelocalizaciones: una oportunidad que no logró concretarse

Uno de los principales cuestionamientos del periodista estuvo relacionado con las microrrelocalizaciones de centros de cultivo, proceso que, a su juicio, representaba una oportunidad para mejorar las condiciones operacionales de la industria sin modificar los estándares ambientales existentes.

Andrade explicó que se trataba de movimientos de distancias reducidas, de aproximadamente 300 metros entre espacios ocupados y nuevas ubicaciones, por lo que consideraba que existían condiciones para avanzar con mayor rapidez.

“Ahora creo que uno de los grandes dilemas del año presente tiene que ver con las microrrelocalizaciones, o sea, era una oportunidad de oro para comenzar a resolver en esta dinámica de producción de manera muy, muy rápida, muy práctica, en mover unos metros. Recuerdo que eran muy pocos metros, alrededor de 300 metros entre un espacio ocupado y el siguiente, y eso se trabó de una manera bastante inexplicable”, sostuvo.

El periodista enfatizó que agilizar este tipo de procedimientos no necesariamente implica reducir las exigencias ambientales, sino aplicar criterios técnicos y científicos que permitan resolver determinadas situaciones de manera más eficiente.

“Si estamos de acuerdo en que, como dices tú, los estándares pueden mantenerse, esto no tiene nada que ver con bajar estándares absolutamente, sino que tiene que ver con aplicar lógicas de índole metodológica, de índole científica, que te permitan acelerar un proceso sin afectar la calidad, sin afectar el sistema, sin incrementar un impacto”, afirmó.

Desde su perspectiva, la falta de avances en esta materia respondió también a decisiones políticas y a una ausencia de mayor dinamismo en la gestión pública.

Chile debe aprovechar su posición en el mercado mundial del salmón

Otro de los puntos centrales del análisis fue la posición competitiva que mantiene Chile en la producción y comercialización internacional de salmón. Andrade sostuvo que el país cuenta con condiciones favorables para ampliar su participación en los mercados, pero advirtió que estas oportunidades no necesariamente estarán disponibles de manera indefinida.

El periodista destacó que existe una creciente demanda internacional por alimentos asociados a una alimentación saludable, lo que ha favorecido la presencia del salmón en distintos mercados y entre consumidores vinculados al deporte, la nutrición y la gastronomía.

“Creo que Chile hizo una posición muy buena para aprovechar la dinámica comercial del mundo porque tiene una gran ubicación, está en la pole position, o sea, está Noruega y Chile. Entonces me parece que esos tiempos no son eternos. O sea, no eternamente tienes posiciones de ventaja”, manifestó.

En esa línea, señaló que el país debería aprovechar el escenario actual para aumentar su producción, fortalecer su competitividad y avanzar en mejores estándares tecnológicos y ambientales.

Asimismo, comparó esta oportunidad con otros sectores exportadores, como la fruta y la cereza destinada al mercado chino, donde las condiciones comerciales favorables pueden mantenerse durante determinados períodos, pero requieren aprovecharse oportunamente.

Andrade también mencionó las proyecciones de crecimiento de Noruega en la producción salmonicultora y sostuvo que Chile necesita actuar con mayor rapidez si pretende mantener su posición internacional.

A su juicio, la industria ha demostrado importantes capacidades tecnológicas para desarrollar actividades productivas en entornos naturales, por lo que consideró necesario fortalecer la coordinación entre el sector privado y las instituciones públicas.

Burocracia estatal y proyectos de inversión: el desafío para el Gobierno

Durante la conversación, el periodista amplió su análisis hacia las dificultades que enfrentan distintos sectores productivos en Chile para concretar inversiones, señalando que el problema de la permisología no afecta exclusivamente a la salmonicultura.

Andrade sostuvo que existe una brecha entre las intenciones políticas de acelerar los proyectos y la capacidad administrativa del Estado para responder a las solicitudes de autorización.

En ese contexto, mencionó cifras difundidas por el suplemento económico Zona Zero, donde se daba cuenta de 338 proyectos de inversión que representarían alrededor de 85 mil millones de dólares y que se encontrarían en distintas etapas de evaluación o tramitación.

“Me parece más que ilógico apurar esos procesos, ¿no? Podría, desde lo político, resolver eso. Sí, está pasando, pero le está pasando a casi todos. No solo con las salmoniculturas, le está pasando a casi todos”, señaló.

El periodista explicó que desarrollar proyectos de gran envergadura requiere importantes recursos económicos y estudios técnicos, por lo que las empresas necesitan contar con condiciones administrativas que permitan avanzar de manera previsible.

Como ejemplo, mencionó que un estudio de impacto ambiental asociado a un proyecto portuario puede alcanzar costos cercanos al millón de dólares, lo que demuestra la complejidad y el nivel de inversión que involucran estas iniciativas.

A su juicio, el Estado debería contar con equipos especializados que permitan atender las necesidades de los distintos sectores productivos, considerando que los requerimientos de una industria de gran escala son diferentes a los de pequeños comercios o actividades profesionales.

En ese sentido, hizo referencia a Puerto Natales y a la necesidad de contar con una atención institucional más especializada para las empresas que desarrollan actividades productivas en la zona.

“Yo siempre lo he dicho que un poco pasa en Puerto Natales, donde hay concentrada una gran industria y, sin embargo, no hay una oficina de la industria. Que debería haberla, porque obviamente que los problemas de un industrial, y esto abarca la microindustria, la industria pequeña y mediana y la gran industria, no tienen los mismos problemas que una persona que parece de un almacén o que vende ropa o un abogado. Son distintos problemas, son distintas cuestiones, implican más gente”, planteó.

Andrade advirtió que la demora en la tramitación puede terminar afectando las expectativas de inversión y empleo, especialmente cuando los proyectos no logran concretarse dentro de los plazos que requieren las empresas y las comunidades.

Acuicultura y empleo regional: entre 8 mil y 10 mil personas vinculadas a la actividad

Uno de los aspectos que el periodista destacó para dimensionar la importancia de la salmonicultura en Magallanes fue su impacto en el empleo regional.

Según las cifras que expuso durante la entrevista, entre 8 mil y 10 mil personas estarían vinculadas directa o indirectamente a la actividad acuícola en la región, considerando tanto a trabajadores de las empresas productoras como a quienes prestan servicios y forman parte de su cadena de proveedores.

Andrade sostuvo que se trata de empleos que, en términos generales, presentan condiciones de estabilidad y remuneraciones superiores al promedio, además de contar con una importante participación de trabajadores que residen en Magallanes.

“Hoy en Magallanes hay entre 8 y 10 mil personas vinculadas de manera directa o indirecta a la acuicultura. 10 mil, que además reciben salarios que siempre están en el orden de por encima del promedio, y con una cuestión que es muy conocida en la acuicultura, que en general son empleos estables. Más del 80, 90% son empleos de Magallanes viviendo en Magallanes”, indicó.

En ese escenario, cuestionó que todavía no se implementen medidas de mayor alcance y rapidez para resolver las dificultades administrativas que afectan a las inversiones.

Si bien reconoció que durante el período se han registrado avances y que desde el Gobierno se han mencionado proyectos destrabados por miles de millones de dólares, consideró que los esfuerzos todavía no serían suficientes para responder a las expectativas del sector productivo.

“Es curioso y frustrante que no se implementen medidas todavía más fuertes, todavía más de mayor impacto, de mayor velocidad, de mayor músculo para resolver cualquier traba”, expresó.

El periodista sostuvo que la discusión no debería limitarse a la simplificación de trámites, sino que también requiere revisar una cultura administrativa que, a su juicio, ha terminado generando una acumulación de exigencias y procedimientos que dificultan el desarrollo de actividades económicas.

Ley Lafkenche y restricciones a las actividades productivas

En el último tramo de la entrevista, Andrade abordó el impacto que, desde su perspectiva, ha tenido la Ley Lafkenche en las actividades productivas del sur de Chile y particularmente en Magallanes.

El periodista planteó que la legislación habría sido utilizada como una herramienta para respaldar posiciones contrarias al desarrollo de determinadas actividades económicas en territorios australes, situación que, según su análisis, requiere una discusión pública que considere tanto la protección ambiental como el empleo y el crecimiento.

“Creo que la ley ha actuado como apoyatura, como energía extra para determinar una mentalidad ambientalista muy extrema que no quiere que exista actividades productivas en determinadas zonas del sur de Chile, especialmente en Magallanes”, sostuvo.

Andrade señaló que las distintas visiones sobre el modelo de desarrollo que debe tener el país son legítimas, pero afirmó que estas deben discutirse considerando el bienestar general de la población y no solamente los intereses de determinados grupos.

“Pero lo cierto es que eso tiene que ir por los canales correspondientes y tiene que ir sobre un debate público. Y tiene que ir sobre un debate que tome consideración, el empleo, el crecimiento, el bienestar general, ¿no? Se obra como nación por el bienestar general. No por el bienestar de unos pocos”, manifestó.

En su análisis, también cuestionó el avance de iniciativas de protección territorial cuando estas podrían terminar limitando las posibilidades de desarrollar actividades económicas en extensas zonas de la Patagonia.

Parque Nacional Cabo Froward y el debate sobre el territorio regional

Uno de los puntos más críticos de sus declaraciones estuvo relacionado con el proyecto del Parque Nacional Cabo Froward y el aumento de las superficies protegidas en Magallanes.

Andrade recordó que, según las cifras mencionadas durante la conversación, cerca del 60% del territorio regional se encuentra bajo alguna categoría de protección, y manifestó su preocupación ante la posibilidad de que esa proporción continúe aumentando sin considerar espacios suficientes para el desarrollo de actividades productivas.

“Como se ha dicho muchas veces y lo sabemos, el 60% del territorio de Magallanes está protegido de alguna manera. Si seguimos con los y seguimos ampliando esto, vamos a llegar al 90%. A los magallánicos no nos va a quedar nada de espacio para generar ideas o proyectos de índole productiva, para poder mejorar nuestros estándares de vida, para tener dinámica comercial, para tener crecimiento”, expresó.

El periodista sostuvo que la protección ambiental y el desarrollo económico no deberían entenderse como objetivos incompatibles, planteando que es posible establecer mecanismos que permitan resguardar ecosistemas y, al mismo tiempo, mantener actividades productivas bajo condiciones adecuadas.

En ese sentido, manifestó su preocupación por lo que considera una visión que busca limitar la presencia humana y económica en determinados territorios de la Patagonia.

“Nosotros podemos tener una reserva donde se pueda producir y se pueda proteger el medio ambiente, se pueden hacer las dos cosas. Pero la idea de erradicar cualquier actividad y erradicar así a las personas, creo que es producto de una mentalidad que no deberíamos considerar, no lo deberíamos permitir”, afirmó.

Andrade también cuestionó la influencia que, según su opinión, tendrían organizaciones no gubernamentales internacionales en las decisiones relacionadas con la administración territorial y la creación de áreas protegidas en Chile.

“Una ONG extranjera no le puede decir a Chile cómo administrar su territorio, eso no puede pasar y está pasando”, sostuvo.

Sus declaraciones apuntaron a la necesidad de que las decisiones sobre el futuro de Magallanes consideren la soberanía nacional, la participación de las comunidades locales y las oportunidades de desarrollo económico para sus habitantes.

Desarrollo productivo y protección ambiental: un debate pendiente para Magallanes

Al finalizar su participación en Pesca y Acuicultura en Magallanes, Claudio Andrade reiteró que la discusión sobre el futuro productivo de la región debe considerar tanto la conservación de sus ecosistemas como las condiciones necesarias para generar empleo, inversión y crecimiento.

El periodista planteó que Magallanes enfrenta una oportunidad relevante en el escenario internacional, particularmente por el posicionamiento de la salmonicultura y otras actividades vinculadas a los recursos naturales, pero advirtió que esta posibilidad requiere decisiones oportunas y una institucionalidad capaz de responder a las necesidades del territorio.

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