“VINIERON A MAGALLANES A PROMETER RECURSOS ESPECIALES Y NO CUMPLIERON”: DIPUTADA MORALES CUESTIONA PRESUPUESTO 2027 PARA LA REGIÓN

La discusión de la Ley de Presupuestos 2027 será clave para determinar si el compromiso del Gobierno con Magallanes se traduce en recursos concretos o queda nuevamente en declaraciones. Así lo planteó la diputada Javiera Morales, quien advirtió sobre los efectos que podrían tener los recortes y ajustes presupuestarios en áreas fundamentales para el desarrollo regional y la calidad de vida de sus habitantes.

“En Magallanes hemos escuchado muchas veces que somos una región estratégica para Chile, que la presencia del Estado es fundamental y que la defensa de nuestra soberanía requiere una mirada especial sobre nuestro territorio. Por eso resulta contradictorio que, después de venir a Punta Arenas a hablar de un presupuesto especial para la región, ese compromiso no sea visible en los recursos que finalmente se destinan”, sostuvo la parlamentaria.

Entre sus principales preocupaciones está la reducción presupuestaria del Gobierno Regional, que alcanzaría un 13%. “Si reducimos los recursos del Gobierno Regional, estamos debilitando a uno de los principales actores que tiene la región para generar empleo y progreso. En una zona extrema, donde los costos son mayores y las distancias imponen dificultades adicionales, necesitamos fortalecer la inversión pública, no restringirla”, señaló.

En materia de educación, la diputada también manifestó su inquietud para que estén los recursos necesarios para garantizar el funcionamiento del Servicio Local de Educación Pública (SLEP), incluyendo la correspondiente dotación de profesores y asistentes de la educación. Asimismo, alertó sobre las posibles consecuencias de la fusión de becas para la educación superior, entre las que se encuentra la “Beca Magallanes y la Antártica Chilena”, que aún no han aclarado si existirán cambios en los requisitos para los beneficiarios.

En salud, la parlamentaria expresó su inquietud por la disminución de recursos destinados a la Ley Ricarte Soto, que financia los tratamientos de alto costo, y por la incertidumbre respecto de la continuidad del convenio de programación de salud con Magallanes. Este último es relevante para avanzar en respuestas a necesidades regionales, como la reducción de las listas de espera, el fortalecimiento de la atención de salud mental y de las personas mayores.

Otro de los puntos que cuestionó fue la disminución de recursos asociados a la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas, conocida como Ley Cholito, cuyo financiamiento resulta relevante para la protección animal y la prevención de problemas sanitarios y de seguridad vinculados a la tenencia irresponsable. “Cuidar la salud y el bienestar de los animales también es una responsabilidad pública. Cuando se debilitan los recursos para la tenencia responsable, se limita la capacidad de prevenir problemas que afectan tanto a los animales como a las comunidades. No podemos mirar estas materias como si fueran secundarias”, afirmó.

Finalmente, la diputada puso el foco en el financiamiento de ENAP y sus posibles consecuencias para las familias magallánicas. La diputada aseguró que estará atenta al cumplimiento del compromiso expresado por la ministra de Energía, para que la reducción presupuestaria de la empresa no termine traduciéndose en un aumento del subsidio al gas que reciben los hogares de la región.

Por último, la parlamentaria insistió en que “no queremos discursos especiales para Magallanes: queremos recursos especiales para responder a las condiciones especiales en las que vivimos. La defensa de nuestra soberanía también significa garantizar que podamos vivir, trabajar, estudiar y desarrollarnos en nuestra propia región”, concluyó.