30 de julio de 2026
ARANCELES A CHILE: DOCUMENTO EN EE.UU. CONTRADICE VERSIÓN DE LÍDER DE ONG QUE NEGÓ HABER RECOMENDADO SANCIONES
Una presentación enviada a la USTR por Fundación Libera planteó estudiar aranceles y restricciones a importaciones chilenas, pese a que su presidenta, Carolina Rudnick, sostuvo públicamente que el objetivo de la organización no era que Chile fuera sancionado.
Un documento enviado el 14 de abril a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, USTR, contradice las declaraciones públicas de Carolina Rudnick, presidenta y cofundadora de Fundación Libera, quien afirmó que su organización no buscaba que Chile fuera sancionado comercialmente.
La controversia surgió luego de que Estados Unidos aplicara una sobretasa arancelaria de 12,5% a un grupo de exportaciones chilenas, entre ellas productos vinculados al salmón y la fruta, tras una investigación sobre trabajo forzoso impulsada por la USTR. Rudnick viajó a comienzos de julio a Washington D.C. junto a la ONG Ecocéanos para exponer denuncias contra Chile ante dicho organismo.
En entrevistas y cartas públicas, la abogada sostuvo que el objetivo de su organización “no es que Chile sea sancionado” y que, en la audiencia ante el comité de la USTR, se habría solicitado no aplicar aranceles y reemplazar esa decisión por un plan de medidas estructurales. Sin embargo, el documento presentado tres meses antes por Fundación Libera incluyó expresamente una solicitud para que el organismo analizara “el nivel y alcance, si corresponde, de aranceles sobre productos de Chile” y eventuales restricciones a la importación.
El texto de 15 páginas, firmado por la propia Rudnick y dirigido al representante comercial Jamieson Greer, aborda supuestas infracciones y casos de trabajo forzoso en sectores como la agroexportación y la salmonicultura. En una de sus secciones, titulada “Medidas recomendadas: aranceles y restricciones a la importación de productos chilenos”, la fundación planteó propuestas para que Chile adopte legislación similar a la Ley Arancelaria de Estados Unidos de 1930, que prohíbe el comercio de bienes producidos total o parcialmente con trabajo forzoso.
El caso genera especial atención en regiones exportadoras como Magallanes, donde la industria salmonera forma parte de la actividad productiva y laboral del territorio. La discusión abre un debate sobre el impacto de las denuncias internacionales, el cumplimiento de estándares laborales y las consecuencias comerciales que pueden enfrentar sectores estratégicos para la economía regional y nacional.
Fuente: Ex-ante.cl
