16 de agosto de 2026
COLUMNA DE OPINIÓN | EL COSTO DE UNA LEY QUE SE AHOGÓ EN SUS PROPIAS DENUNCIAS
Carlos Sanchez Inostroza, Presidente Regional Partido Nacional Libertario Magallanes.
En agosto de 2024 entró en vigencia la Ley 21.643, conocida como Ley Karin en memoria de Karin Salgado. Su propósito es indiscutible: prevenir, investigar y sancionar el acoso y la violencia en el trabajo. Nadie serio defiende un lugar de trabajo donde el maltrato queda impune. El problema no está en lo que la ley busca, sino en cómo fue diseñada para conseguirlo.
A dos años de su aplicación, los números describen un sistema que se ahogó en sus propias buenas intenciones. Hasta diciembre de 2025 se acumularon más de 66 mil denuncias y la Dirección del Trabajo quedó saturada. Un estudio del Instituto Libertad concluyó que apenas un 16,6% de esos casos correspondía a una vulneración efectiva de la norma. El propio Ministerio del Trabajo ha reconocido que la mayoría de las denuncias no se refiere a acoso, sino a conflictos de clima o diferencias de gestión.
El plazo legal para resolver era de treinta días. Hoy toma entre seis y ocho meses.
Esa distancia entre la letra y la realidad no es un tecnicismo. Tiene costo, y lo paga quien menos puede.
Imaginen una pyme austral, de esas que sostienen el empleo real en Magallanes con diez o doce trabajadores. Recibe una denuncia. Aunque el caso termine declarado inadmisible, la empresa debe mantener durante meses las medidas de resguardo: separar funciones, reorganizar equipos, alterar turnos. Medio año operando a media máquina por un expediente que nunca debió tramitarse. Para una gran empresa es un trámite. Para un pequeño empresario magallánico es la diferencia entre contratar al próximo trabajador o no arriesgarse.
Y ahí está el punto que conviene decir con todas sus letras: la Ley Karin no destruye empleo, pero encarece y vuelve más riesgoso crearlo de manera formal. Cada obligación mal calibrada empuja al empleador al mismo lugar: al contrato a honorarios, a la informalidad, a no contratar. No es casualidad que el empleo que más crece en Chile sea el informal y por cuenta propia, mientras el formal apenas se mueve. La regulación bienintencionada, cuando se diseña sin pensar en quién debe cumplirla, termina no protegiendo a nadie y castigando al que produce.
Lo más injusto es que este diseño también traiciona a las víctimas reales. Una denuncia legítima de acoso queda sepultada bajo miles de expedientes que no correspondían, esperando meses la respuesta de un organismo colapsado. La saturación no es neutral: perjudica por igual al empleador honesto y al trabajador que de verdad sufrió.
La salida no es volver al mundo anterior a la ley ni pretender que el acoso no existe. Es reparar el diseño. Un filtro de admisibilidad a la entrada, para que solo se tramite lo que corresponde. Plazos realistas y consecuencias cuando es la propia autoridad la que no cumple. Reglas claras para pymes, contratistas y terceros. Nada de esto debilita la protección: la hace creíble.
Una ley que tarda ocho meses en decir si hubo acoso no protege al que fue acosado ni tranquiliza al que fue acusado en falso. Solo deja a todos peor. Proteger al trabajador en serio empieza por reconocer que una buena intención mal ejecutada no es una buena ley.
El fiscal regional Cristián Crisosto informó que las indagatorias involucran 64 delitos, mientras que entre 2023 y julio de 2026 se contabilizan 214 hechos que afectan a 77 víctimas únicas.
El fiscal regional Cristián Crisosto informó que las indagatorias involucran 64 delitos, mientras que entre 2023 y julio de 2026 se contabilizan 214 hechos que afectan a 77 víctimas únicas.
