12 de mayo de 2025
Una serie de nombres ligados al Frente Amplio (FA) figuran en la investigación del Ministerio Público en el caso ProCultura, donde se indagan presuntos delitos de corrupción en la entrega de recursos públicos a la fundación encabezada por el psiquiatra Alberto Larraín. En ese listado figura uno de los dirigentes más reconocidos en el partido oficialista, el exministro de Desarrollo Social Giorgio Jackson.
El también exparlamentario, y hombre de confianza del Presidente Gabriel Boric, formó parte de las “personas de interés” de la investigación que actualmente lleva el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, según antecedentes a los que tuvo acceso La Tercera y que constan en el expediente del caso.
Más allá de que Jackson ha estado vinculado a esta causa por la querella presentado en su contra en el caso Convenios por el diputado Juan Antonio Coloma (UDI), el fundador de Revolución Democrática ha declarado en la investigación tras haber dejado el gobierno en agosto del 2023, precisamente por los cuestionamientos en su contra por el caso líos de platas.
La alerta por Jackson
Seis meses habían pasado desde que el ingeniero dejó el gobierno, cuando el 22 de febrero del 2024 llegó hasta la Fiscalía Nacional para prestar declaración por el caso Convenios. El histórico del FA dejó el edificio de calle Catedral en completo silencio y días después se fue del país para radicarse temporalmente en España.
Para aquel entonces la Fiscalía ya estaba atenta a los movimientos del exparlamenterio. El 18 de enero de ese año, el ahora suspendido fiscal regional de Aysén Carlos Palma, quien estaba a cargo de la investigación del caso ProCultura por entonces, instruyó a la Brigada Anticorrupción (Briac) de la PDI una diligencia para alertar ante cualquier novedad migratoria de 13 personas relacionadas al caso de la fundación del psiquiatra Larraín. La persona número diez de ese listado era precisamente el exministro.
El requerimiento de la Fiscalía a la policía civil, en concreto, era para pedir dos cosas. La primera de estas fue “ingresar un aviso de autoridad para las personas que se indican”. Aquello se refiere, según explican fuentes conocedoras de estas diligencias, a que esas personas se integran en un sistema de la PDI, la que debe registrar cuando este “blanco investigativo” saldrá o ingresará al país. Que es lo que pasó con el exalcalde Daniel Jadue antes de ser formalizado cuando se desistió de viajar a Venezuela en abril del 2024.
El segundo requerimiento del fiscal Palma al organismo auxiliar del Ministerio Público fue que en caso de que alguna de las 13 personas señaladas, entre ellas Jackson, saliera, la policía debía dejar en un acta el domicilio y teléfono de contacto que la persona fijó e informó al dejar el país.
Además de Jackson, también pesaba esta orden en contra del psiquiatra que encabezaba ProCultura; del padre de este, Alberto Larraín Lohmayer; además de los funcionarios de la ONG Allan Mix, Emilio Fuentes, Ingrid Koch, Johnny San Martín, María Constanza Gómez, María Eugenia Sabbagh, María José Maturana, Patricia Ilonka, Guillermo Acuña y Dolores Casanova.
Nombres que, en algunos casos, se repiten respecto a las solicitudes de interceptaciones telefónicas, que no es el caso del exministro Jackson.
La desactivación
En junio del 2024 el fiscal Patricio Cooper asumió la indagatoria en contra de ProCultura, tras la asignación del fiscal nacional Ángel Valencia. En ese entonces la alerta en contra de las 13 personas pedida por Palma no varió.
Eso hasta el 28 de febrero de este año, cuando la Briac informó a la Fiscalía que ejecutó la orden de “dejar sin efecto la alerta” que existía en contra de ese grupo de personas.
A pesar de aquello, la oficial de la policía que realizó ese informe dejó la observación de que “para el caso Kenneth Giorgio Jackson Drago esta alerta ya se encontraba cancelada con anterioridad”, sin especificar en qué fecha se levantó la alerta para la exautoridad de gobierno.
“Consultados los antecedentes de las personas mencionadas en el presente informe en nuestro Sistema Integrado de Búsqueda de Información (SIBI), estas no registraron encargos judiciales pendientes en su contra”, cierra el informe de los investigadores.
Fuente: latercera.com
El movimiento telúrico ocurrió a las 20:48 hora local, a 44 km al noreste de la ciudad y a una profundidad de 10 km.
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