18 de junio de 2025
PROTEGER A QUIENES NOS PROTEGEN: UN COMPROMISO CON LAS Y LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS
Por Michelle Peutat, Seremi de Justicia y Derechos Humanos de Magallanes y de la Antártica Chilena
Magallanes es una región donde el viento sopla fuerte, pero también lo hacen las convicciones. Nuestra historia da cuenta de ello: desde los levantamientos obreros hasta el Puntarenazo, esta tierra ha visto emerger voces decididas a defender la dignidad, los derechos sociales y el territorio. Hoy, muchas de esas voces —aunque cambiadas de generación y causa— siguen vivas en quienes defienden el medioambiente, la memoria, los derechos indígenas o la justicia social.
Son personas defensoras de derechos humanos. Y es nuestro deber como Estado, protegerlas.
En América Latina, la situación es crítica: según la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, más de 1.300 defensores han sido asesinados entre 2015 y 2019, siendo nuestro continente el más peligroso del mundo para quienes defienden los derechos humanos, y los defensores ambientales los más atacados. En muchos casos, estos ataques quedan impunes, y la soledad con la que enfrentan amenazas, hostigamientos o estigmatización es alarmante.
Frente a este panorama, el Protocolo de Protección a las Personas Defensoras de Derechos Humanos, aprobado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en junio de 2024, marca un hito en nuestro país. Se trata de una política pública concreta que responde a los compromisos adquiridos por Chile al suscribir el Acuerdo de Escazú, el primer tratado internacional que reconoce expresamente la necesidad de proteger a quienes nos protegen. Este protocolo —que nace del trabajo conjunto con organizaciones sociales, organismos públicos y expertos— establece medidas claras de protección, canales de denuncia, rutas de atención diferenciada y criterios de activación preventiva ante eventuales riesgos. Todo comienza con el formulario de activación ciudadana que se puede descargar de la página de internet www.derechoshumanos.gob.cl/ y, posteriormente, debe remitirse al correo protocolodefensores@minjusticia.cl
Como Ministerio y como Seremi, no entendemos la defensa de los derechos humanos como un ejercicio abstracto. Es una práctica concreta, arraigada en los territorios, que requiere de garantías, resguardo institucional y acompañamiento. Y desde Magallanes —una región donde se busca el equilibrio entre desarrollo y sustentabilidad— esta herramienta cobra especial relevancia.
Proteger a quienes alzan la voz por el bien común no solo es un imperativo ético y legal: es también una condición indispensable para una democracia sana y robusta. Porque allí donde se acalla una voz crítica, donde se persigue a quien defiende un río, un bosque o una comunidad, no solo se vulneran derechos individuales: se daña el tejido cívico y se erosiona la confianza pública.
Dudas respecto al impacto en el Parque Nacional Pali Aike, la ruta de las aves, los efectos de la salmuera en el mar, falta de información sobre el uso y dimensión de tronaduras, son solo algunas de las observaciones que el proyecto H2 Magallanes, una iniciativa de 16 mil millones de dólares que busca producir y exportar hidrógeno y amoníaco verde desde el extremo sur del país, deberá responder.
Dudas respecto al impacto en el Parque Nacional Pali Aike, la ruta de las aves, los efectos de la salmuera en el mar, falta de información sobre el uso y dimensión de tronaduras, son solo algunas de las observaciones que el proyecto H2 Magallanes, una iniciativa de 16 mil millones de dólares que busca producir y exportar hidrógeno y amoníaco verde desde el extremo sur del país, deberá responder.
